El pasado 12 de julio de 2006, el Secretario General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático presentó el borrador del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión para el periodo 2008/2012, anunciándose en el BOE del día siguiente la apertura de un periodo de información pública sobre el mismo que finalizó el 5 de agosto de 2006.
El nuevo plan reconoce, si no se adoptan medidas adicionales, una evolución de las emisiones previstas en el periodo 2008/2012 un 50% superior a las del año base 1990. Este incremento sería el resultado de un crecimiento del 65% en los sectores no sujetos a la Directiva de Comercio de Derechos (llamados sectores difusos, como el transporte y el residencial, y que son responsables del 55% del total de las emisiones de gases efecto invernadero en España), y de un crecimiento del 37% de los sectores sí sujetos a la Directiva (responsables del 45% restante de las emisiones de gases efecto invernadero).
El Gobierno propone resolver este alejamiento en 35 puntos porcentuales sobre el objetivo de Kioto (emisiones de 1990 + 15%) de la siguiente forma:
1. Reducción del crecimiento de emisiones en los sectores difusos del 65% al 37%, mediante planes y programas que fomenten el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos, y que modifiquen las pautas de consumo.
2. Adquisición de créditos de carbono por parte del Estado para los sectores difusos: un 20% del exceso mediante mecanismos de flexibilidad basados en proyectos, y el 2% restante, mediante absorción por sumideros.
3. Asignación de una cantidad de derechos equivalente al objetivo de Kioto
(emisiones 1990 + 15%) a los sectores sí sujetos a comercio, muy inferior a las que se han reconocido como emisiones previstas (1990 + 37%).
De esta forma, el Plan Nacional de Asignación 2008/2012 establece una cantidad anual promedio de derechos igual a 144,7 Mt CO2, lo que supone un recorte del 16% respecto al Plan del periodo anterior 2005/2007, y de casi el 20% sobre la emisiones reales de 2005.
El esfuerzo requerido a los sectores incluidos en el régimen de comercio de derechos no se ha repartido de forma lineal, sino que se ha hecho recaer en el sector eléctrico. Así, la asignación para los sectores industriales ha estado basada en sus necesidades, lo que se
traduce en una cantidad de derechos superior a la contemplada en el plan anterior y superior a las emisiones reales de 2005. Por el contrario, el reparto de derechos al sector eléctrico se ha realizado considerando el balance eléctrico de la Planificación energética 2005/2011 (que ya supone la progresiva sustitución del parque de generación actual por ciclos combinados y energías renovables), aplicando a continuación un coeficiente de ajuste del 74,6%, que supone una asignación media anual inferior en un 43% a la del periodo 2005/2007, e inferior en un 54% a las emisiones reales verificadas en 2005.
Además, el nuevo Plan de Asignación establece un límite a nivel de instalación para el uso de mecanismos flexibles basados en proyectos (Mecanismos de Desarrollo Limpio y Aplicación Conjunta); no se podrán utilizar derechos de esta procedencia en una cantidad superior al 50% de la asignación de la instalación, lo que supone una dificultad adicional para las instalaciones del sector eléctrico que tendrán que cubrir parte de su déficit acudiendo al comercio de derechos, con el consiguiente sobrecoste sobre los procedentes de los mecanismos flexibles.
